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Mahmed El B., de 20 años, ha incluido en su Currículum el siguiente mérito: «Más de tres años de experiencia en adaptaciones rápidas y cambios de domicilio repentinos a causa de los años de búsqueda de trabajo en el Estado español». No exagera. Ha cursado más de 1400 horas de formación en construcción, jardinería y manipulación de alimentos; sin embargo, va tumbando desde el 2017. Con 16 años, Mahmed El B. se fue a escondidas de su casa, en Marruecos, en los bajos de un camión, para llegar a Melilla en busca de un futuro; meses después, llegó a Barcelona. En el centro de acogida de la ciudad condal recibió formación en varios oficios, que podrían tener salida al hacerse mayor, pero cuando llegó a los 18 años se encontró en la calle con un permiso de residencia que no le permitía trabajar. En efecto, la carencia de permiso de residencia y de trabajo de estos jóvenes les obliga a rondar por el territorio nacional sin otra forma de auxilio que su propia capacidad de supervivencia, en un medio hostil y con peligro de caer en las redes de delincuencia y/o la explotación.

El Real Decreto 903/2021, que reforma el Reglamento de Extranjería, entró en vigor el 9 de noviembre de 2021 y está pensado, sobre todo, para facilitar los permisos de residencia y trabajo a los tutelados mayores de 16 años y extutelados. Hasta ahora, al llegar a los 18 años se les exigen requisitos, casi imposibles de cumplir, para renovar la residencia (recursos propios equivalentes al 400% del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o para obtener su documentación; y, aún cuando cumplan estos requisitos, se les concede una autorización de residencia, pero no el permiso de trabajo. La reforma también acorta los plazos para que los menores acogidos obtengan sus papeles lo antes posible y no pasen meses indocumentados (de 9 meses se reduce a 3 el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno). Además, la modificación les permite renovar las autorizaciones cada cinco años (y no anualmente, como antes). El cambio también les autorizará a trabajar automáticamente a partir de los 16 años.

La reforma beneficiará a unos 8.000 menores extranjeros no acompañados ya 8.000 jóvenes extutelados, que llegaron solos a España, pero que ya llegaron a la mayoría de edad. En definitiva, el cambio del Reglamento tiene como objetivo eliminar las trabas actuales y evitar la irregularidad y la marginación facilitando el acceso al trabajo a miles de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados que llegaron al Estado de forma irregular.

Algunos sectores han criticado la reforma por entender que puede ser un reclamo e impulse a más jóvenes a emigrar. La reducción de plazos para obtener los documentos y permisos (de 9 a 3 meses) puede animar a muchos jóvenes extranjeros a venir al Estado español. También puede ser un incentivo para las mafias y un obstáculo para la lucha contra la inmigración irregular; y puede generar malestar con los países de la Unión Europea, puesto que los permisos facilitarán el tráfico de estos jóvenes por la Unión.

La reforma del Reglamento no es la panacea en el problema inmigratorio. Desgraciadamente, seguirá existiendo la explotación laboral, el racismo, la xenofobia, el rechazo al recién llegado, etc., agravado todo por la falta de una política común europea en materia de inmigración, que regule definitivamente los flujos migratorios, el reparto justo de las cuotas entre todos los Estados miembros y asegure una dotación económica adecuada a los países del Sur de Europa (Italia, Grecia, España y demás) para la acogida digna de estas personas.

La modificación del Reglamento de Extranjería para los menores no acompañados y extutelados es la puerta a una oportunidad de futuro y de integración social. Si se aprovecha bien, después vendrán los derechos complementarios del régimen legal de extranjería: agrupación familiar, etc. Y los derechos económicos y sociales de nuestro Estado de Bienestar, prestaciones, servicios, etc.

Los beneficiarios de esta reforma deben ser conscientes de que gozarán de un régimen especial distinto al del resto de menores inmigrantes que han entrado irregularmente en el país, como ellos, pero acompañados de sus familias, y de aquellos que no han tenido la suerte de ingresar en centros tutelados. En estos casos, los menores y jóvenes continuarán, como hasta ahora, como irregulares y con riesgo de ser expulsados.

Esperamos y confiamos en que estos jóvenes sepan aprovechar la oportunidad que les da el destino y nuestro país y que respondan con generosidad, respeto y adaptación a nuestra cultura, normas y forma de vida.

Por nuestra parte, tenemos la obligación moral de acogerles, ayudarles y tratarles con lo que podrían ser: nuestros hijos; esta generación futura que va a construir, junto con los nacidos aquí, el destino de nuestro país.

Concha Manrique
Advocada

Artículo publicado en la revista Església de Tarragona (noviembre-diciembre 2021 / n. 324)

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