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La Iglesia dispone de un patrimonio cultural puesto a disposición de la sociedad

Una vez más, la cuestión de las inmatriculaciones ha centrado la opinión pública de estas últimas semanas poniendo en duda la legitimidad de la propiedad de la Iglesia respecto de los bienes inmatriculados por certificado, un sistema que nació con el propio Registro de la Propiedad a finales del siglo XIX y que se prolongó con sucesivas modificaciones hasta su supresión definitiva para la Iglesia en el año 2015.

Como apuntaba en un artículo Doña Isabel de Salas, Registradora de la Propiedad, a mediados de 2017 se produjo una petición del Gobierno a la Dirección General de los registros y notariado para que, a través del Colegio de Registradores, le proporcionara un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia mediante certificación de su inventario. Recibido el listado, el Gobierno se dirigió a la Conferencia Episcopal para que revisara el listado de los aproximadamente 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 a 2015 con certificación de dominio por si alguno no fuera de su propiedad y poder así regularizar su situación. El pasado lunes, día 24 de enero, la Conferencia Episcopal concluyó el informe y lo entregó al Gobierno coincidiendo con la visita del Presidente Pedro Sánchez a la Casa de la Iglesia.

En un ejercicio de transparencia, la Iglesia ha revisado todo el listado remitido y ha detectado incidencias en 2.500 registros. Entonces, ¿de dónde salen ese millar de bienes citados que la Iglesia se apropió y debe devolver? La cuenta es fácil. Son 943 inmuebles y que pueden no ser de la Iglesia por muy distintas razones: doble inscripción, desaparición del inmueble, expropiación forzosa, reconocimiento de dominio a favor de ayuntamiento que éste no ha formalizado… y un largo etcétera.

En concreto, el Arzobispado de Tarragona ha informado de varias incidencias en relación al listado elaborado por el Gobierno español: 12 de las propiedades que se atribuyen al Arzobispado pertenecen a comunidades religiosas; otras 12 aparecen duplicadas; en 1 propiedad los datos son incompletos; constan 2 propiedades inmatriculadas entre 1998 y el 2015 cuando en realidad fueron recibidas por herencia; 4 propiedades no se adquirieron por inmatriculación sino por otras vías, en concreto una compra-venta y tres permutas; y, finalmente, 6 propiedades se atribuían al Arzobispado cuando en realidad no lo pertenecían. Toda la información se puede consultar en el Informe elaborado por la Conferencia Episcopal Española.

Cooperación entre Iglesia y Estado

El tema de las inmatriculaciones empezó a formar parte de la agenda de temas ordinarios de las conversaciones entre la Iglesia y el Estado, formándose una comisión ad hoc para el estudio de este asunto. Tras analizar la situación y sin que se planteará ningún caso concreto de reclamación por parte del Estado, la Iglesia manifestó la posibilidad de realizar un estudio de revisión del listado para analizar si dentro del mismo pudiera haber bienes que no le correspondieran para poder ser objeto de estudio. Como ya se ha repetido incansablemente estos últimos días, la Iglesia no quiere que figure a su nombre nada que no sea suyo.

En nuestro Arzobispado, casi la totalidad de bienes inmatriculados son Iglesias, ermitas o rectorías. Unos bienes que no suponen ningún beneficio económico, al contrario, bienes que son patrimonio cultural que piden una gran inversión de mantenimiento, conservación y gestión tanto para las parroquias como para la archidiócesis, y que son puestos al servicio turístico, cultural y social de nuestros pueblos y ciudades. Más allá de los bienes materiales, la Iglesia continúa, y continuará, poniendo a disposición de toda la sociedad sus bienes espirituales, que no son pocos.

Mn. Víctor Mosquera Ramos
Vicario episcopal para la administración de los bienes de la Iglesia

Artículo publicado en la página de religión del Diari de Tarragona del día 29 de enero de 2022

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