Es un tópico muy repetido decir que la religión es un hecho privado y propio de la intimidad personal. Se trata de una idea muy extendida, que suele justificarse en el principio de laicidad. Ahora bien, cada vez hay más conciencia de que esta afirmación es errónea. La religión es, ciertamente, un asunto privado, pero no exclusivamente privado. Tiene una dimensión social, colectiva y pública de primer orden. Aquí y en todo el mundo. Ahora y a lo largo de toda la historia.

La fe religiosa es una experiencia personal fuerte, que incluye unas creencias y un estilo de vida personales. Pero no es nunca algo estrictamente individual. Cualquier fe es un producto histórico y cultural de larga tradición. El creyente la recibe y la aprende siempre de otras personas. Se vive siempre con otros. Se celebra y se comparte comunitariamente. Las personas asocian y organizan de acuerdo con creencias religiosas compartidas. Y cualquier fe comporta una llamada a ser expresada públicamente, a ser enseñada, a invitar a otros a adherirse, a transmitirla generacionalmente y a vivir externamente en coherencia con ella. Es, pues, un hecho social y público. Es por ello que la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales, al definir el derecho humano a la libertad religiosa, incluyen el derecho de «manifestar, individualmente o colectivamente, en público o en privado, la propia religión o creencias, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia ».

Sociólogos, filósofos y antropólogos han mostrado hace tiempo el gran influjo que ha tenido el hecho religioso en la conformación cultural de nuestras sociedades. Y hoy en día, a pesar de la secularización, las tradiciones y las instituciones religiosas tienen un enorme valor humano y social. Dan sentido a la vida de muchas personas y las acompañan en momentos clave (el matrimonio, la enfermedad, la muerte …). Crean y promueven valores éticos. Contribuyen a la cohesión social. Conviene al compromiso cívico y político. Y desarrollan una enorme tarea en muchos ámbitos de gran relevancia: la atención a los colectivos más vulnerables, la educación, la salud, la cultura, el arte, el ocio …

Por todo ello, la pretensión de excluir el hecho religioso de la vida pública es un grave error. El Estado debe ser laico, sí, pero la sociedad no lo es. Una parte notable de la población vive creencias religiosas. Y los poderes públicos no pueden ser ajenos. Lo deben tener en cuenta en las leyes y en las políticas. Al igual que hay una política económica, laboral, fiscal o cultural, debe haber una política religiosa. No para identificarse ni para dar más valor a una determinada fe religiosa, sino para atender correctamente a las personas que viven una fe, para garantizar la libertad religiosa de todos y para colaborar con los colectivos religiosos en todo lo que favorezca el bien común.

Eduard Ibáñez, director de Justicia y Paz de Barcelona
Artículo publicado en el Diario El Punt-Avui (20 de junio de 2018)

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