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En los últimos tiempos han sido muchas las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia, es decir, los inscritos por primera vez en el Registro de la Propiedad. A menudo se ha acusado a la Iglesia católica de apropiarse indebidamente de bienes inmuebles. Pero, ¿qué hay de cierto o de falso en estas noticias?

La Iglesia está presente en nuestro país desde hace miles de años —el Arzobispado de Tarragona existe desde el siglo I—. Los cristianos han construido templos, catedrales, ermitas, cementerios, monasterios en todo el territorio y, en la inmensa mayoría de los casos, no lo hacían a título particular sino que lo hacían como Iglesia, como miembros de la comunidad cristiana. Todo esto implica que la Iglesia tiene una red de bienes distribuida por todo el territorio que constituye un patrimonio anterior a la constitución del mismo Estado moderno y de los medios modernos de protección y seguridad jurídica de la propiedad —lo que conocemos como Registro de la Propiedad—. En ningún caso el obispo o rector disponen de estos bienes a título personal sino que son los administradores.

El traspaso al Registro de la Propiedad

¿Cómo se hizo el traspaso de estos bienes eclesiásticos en el Registro de la Propiedad? Este Registro se creó en España el 8 de febrero de 1861 y enseguida se debatió cómo registrar los bienes de la Iglesia teniendo en cuenta que los tenía tiempos inmemoriales sin disponer en muchas ocasiones de toda la documentación que hoy se requiere para acreditar jurídicamente una propiedad.

En un patrimonio mermado por las diferentes desamortizaciones del siglo XIX, se quiso dar una solución a este problema. Desde 1863 a 2015 —por tanto no es ningún privilegio franquista, la II República mantuvo este procedimiento— la Iglesia pudo inmatricular sus bienes por certificación, al igual que las entidades públicas, por el arraigo histórico de la Iglesia en el territorio.

Esta legislación no se aplicó a los lugares de culto. Desde 1863 a 1998, la Iglesia no pudo registrar sus templos, a diferencia de las otras confesiones y de los particulares que sí podían hacerlo. La razón es que se consideraba que era notoria su propiedad y no había que registrarla.

En 1998 se anuló por «inconstitucional» esta excepción y hasta 2015, la Iglesia pudo inmatricular sus templos. Durante este periodo (1998-2015) se ha procedido a inmatricular un número importante de iglesias o ermitas. Todo esto no se ha hecho de manera arbitraria sino de acuerdo con la legalidad vigente y con la supervisión profesional de técnicos del Catastro y del Registro de la Propiedad. No ha sido, en ningún caso, ni una apropiación, ni una expropiación, ni mucho menos un expolio: la Iglesia ha registrado lo que documentalmente le constaba como propio.

En nuestro Arzobispado, casi la totalidad de bienes inmatriculados son iglesias, ermitas o vicarías. Unos bienes que no suponen ningún beneficio económico, sino al contrario, bienes que son patrimonio cultural que demandan una gran inversión de mantenimiento y conservación, suponiendo un gran peso económico y de gestión tanto para las parroquias como para la archidiócesis, y que se pone al servicio turístico, cultural y social de nuestros pueblos y ciudades.

Es posible que en todo este inmenso proceso de regularización se haya cometido algún error pero quien quiera acreditar la propiedad de un templo deberá demostrarlo de alguna manera. En este caso nunca faltará la voluntad de diálogo por parte de la Iglesia y, si es necesario, recurrir a la justicia sin necesidad de utilizar demagógicamente el ruido mediático y político.

Josep Mateu, pbro.
Delegado diocesano para los bienes de la Iglesia

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